En noviembre de 2016 y por tres meses, La Paz padeció una de sus peores crisis por la falta de agua potable; la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, EPSAS, habría conocido desde mayo de ese año que se presentaría una aguda escasez en los embalses. Esa aparente negligencia fue llevada a los juzgados y después de dos años, los supuestos responsables fueron sobreseídos

El aparente sometimiento del Ministerio Público al Gobierno Central permitió la impunidad de las exautoridades de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) ante el cierre del proceso judicial, mediante resolución de sobreseimiento de acusados de la crisis del agua en 2016; que generó perjuicio a 140 barrios de la ciudad de La Paz, según coincidieron en afirmar el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín y el analista social Iván Arias, de manera separada.

“La Fiscalía ante la imposibilidad de individualizar conductas o ante la imposibilidad de que estos sujetos procesales sean acusados o que tengan que escuchar la resolución de sobreseimiento, porque no existe elemento probatorio fuerte; por lo tanto, a estas alturas se podría entender, ante la no impugnación de la resolución de sobreseimiento, que el caso habría concluido”, informó Andrés Zúñiga, abogado de dos implicados que fueron sobreseídos.

Para el analista Iván Arias, cerrar el caso representa la aplicación de la norma del actual Gobierno, “no le importa solucionar los problemas, sino taparlos cuando toca a gente de su régimen, porque cuando no lo son, por supuesto les inicia procesos hasta verlos en la cárcel con pruebas o sin ellas y sin sentencia como el dirigente de los Yungas, Franklin Gutiérrez. Por lo tanto, han decidido que el tema del agua ya ha pasado, que la lluvia lo ha solucionado, por lo tanto buscan tapar a los responsables”, lamentó.

En tanto, Waldo Albarracín rector de la Universidad Mayo de San Andrés (UMSA) dio a conocer que “dicha irregularidad se enmarca por el control absoluto que tiene el Gobierno sobre el Ministerio Público y el Órgano Judicial”, “solo para salvar la crítica pública han realizado en su momento un amague de show de despidos a funcionarios medianos, se anunciaron procesos, pero es estratégico, porque con el tiempo nadie es procesado y se consolida la impunidad de los responsables, porque saben que la sanción a una autoridad vinculada al Gobierno les afecta políticamente y el control fáctico absoluto que realizan (…)a”, dijo..

El 8 de noviembre del 2016, la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento (Epsas) anunciaba a los paceños un racionamiento de agua en 140 barrios de la ladera Este y la zona Sur. La causa fue una baja en el embalse de todas las represas que alimentan la planta de potabilización de Pampahasi, que distribuye el líquido a más de 256 mil habitantes. Por primera vez, una ciudad preparada para lidiar con el exceso de lluvias tuvo que enfrentar su escasez de agua.

Incachaca, Hampaturi y Ajuan Khota son las tres represas que alimentan al Este y al Sur de La Paz. En menos de dos meses, sus embalses se redujeron hasta llegar, respectivamente al 8 %, 5 % y 1 % de su capacidad. La reserva mayor, Ajuan Khota, presentaba un panorama apocalíptico.

El presidente Evo Morales anunció la destitución de Benecio Quispe y Rudy Rojas cabezas de la Autoridad Reguladora de Agua (AAPS) y Epsas, respectivamente. En su lugar ingresaron Víctor Rico y Humberto Claure, ambos nombrados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Siguió una serie de denuncias; como por ejemplo los sueldos de más de Bs 32.000 en Epsas y contrataciones políticas y no técnicas.

El 23 de noviembre de ese mismo año, el gerente regional de la ciudad deEl Alto, Roberto Rojas, fue destituido por “falta de capacidad técnica”, dichas autoridades incluida la ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira debían asumir procesos judiciales que ahora se extinguieron.

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