El Ministerio de Justicia junto a siete instituciones firmaron este martes un convenio de cooperación para realizar un censo carcelario nacional en febrero próximo, con el objetivo de conocer la situación de los privados de libertad e implementar políticas «más humanas» orientadas a reducir el hacinamiento.

«Tendrá el objetivo de identificar posibles injusticias, personas que estén indebidamente privadas de libertad, escuchar los diferentes casos. Con la información que logremos recoger, se diseñarán políticas públicas», informó el ministro de Justicia, Héctor Arce, en un acto público en La Paz.

Las instituciones que firmaron ese convenio son el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Defensor del Pueblo, Régimen Penitenciario, Instituto Nacional de Estadística, Servicio General de Identificación Personal, Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.

Previamente, el Ministerio de Justicia firmó acuerdos con el Órgano Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Gobierno para la ejecución del proyecto de censo carcelario.

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, aseguró que los resultados de ese proceso permitirán trazar políticas públicas en favor de los privados de libertad.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, garantizó toda la colaboración de ese órgano para el éxito de esa tarea y alcanzar los objetivos trazados.

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