En al menos 12 regiones de Bolivia no existe la ley, se carece de Estado. Los pobladores han tomado el control de cada territorio donde, en algunos casos, ni la Policía tiene acceso; y en otros, los ajustes de cuentas son el pan de cada día.

El miércoles,  dos jóvenes acusados de robar un vehículo fueron apedreados y quemados vivos por los pobladores en Uncía, al norte de Potosí. Es precisamente este municipio, junto con Catavi y Llallagua,  donde los 15 policías que hay viven atemorizados de las acciones de los comunarios. En el reciente linchamiento no pudieron intervenir.

Esta falta de Estado tiene una data de años atrás. En mayo de 2010, cuatro policías fueron linchados en un ayllu, en el norte potosino. Hasta hoy no se identificó a los autores y mucho menos hubo detenidos.

Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario, sostuvo que esta ausencia de Estado genera situaciones como las ocurridas en Uncía. “No es posible que existan regiones donde el Estado no tenga presencia”.

El diputado Víctor Borda, del MAS,  dijo que hay “una deformación de la justicia comunitaria” y a la justicia ordinaria, que procese a los responsables.

La ausencia de la  fuerza policial también se registra en algunas poblaciones cruceñas.

El lunes, un ciudadano brasileño fue golpeado y luego colgado de un árbol, en San Julián (Santa Cruz); los pobladores lo atacaron porque el extranjero portaba un arma de fuego y dijo que había llegado para cobrar una deuda.

La gente basó su accionar en la cantidad de ajustes de cuentas que se reportan en esta región cruceña. El comandante de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles, espera que haya las condiciones mínimas para que sus efectivos regresen a la población. “Actúan como primitivos”, dijo. Ese día, tres policías llegaron a levantar el cadáver y se fueron.

A San Julián se suman San Matías y Yapacaní, regiones que desde hace unos ocho años son consideradas “rojas” por el narcotráfico. En  lo que va de este año, son al menos  14 asesinatos que se registraron en esos tres territorios cruceños, producto de  venganzas que tienen nexos con el transporte y venta de droga, según un recuento de este medio.

El Chapare es otra región que se convirtió en una especie de feudo de los pobladores. Sólo en 2014 se reportaron 14 linchamientos de sospechosos de hurto, robo u otros delitos. Si bien hubo investigaciones, éstas no pasaron de la etapa preparatoria. Un año después, en 2015, la Policía reportó 32 casos de linchamiento e intentos de linchamiento.

En septiembre de este año, dos presuntos ladrones de vehículos fueron linchados en Entre Ríos, Chapare.

En Beni, en los municipios de Magdalena, Guayaramerín y Santa Ana del Yacuma reinan los clanes familiares del narcotráfico. La presencia policial es escasa, pero -según los pobladores- las familias a cargo de lo ilícito tienen el control de todo.

Challapata (Oruro)  es desde más de una década el territorio exclusivo de  los contrabadistas de vehículos. Allí, cualquier presencia policial es respondida con bala, incluso hay asesinatos.

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