El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) realiza un acompañamiento constante al proceso de titulación de las tierras y al proceso autonómico de los habitantes del territorio ancestral.

Esta semana, dirigentes del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), y autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dieron un paso más en la lucha que iniciaron hace más de dos décadas por la consolidación de su territorio ancestral.

Luego de años de protestas, actividades, alianzas interinstitucionales, encuentros y reuniones con autoridades del INRA y del Gobierno Central para que estas tierras puedan ser restituidas a los indígenas del TIM, se iniciaron una serie de acciones para titular las exconcesiones forestales, desalojar a terceros que se asentaron ilegalmente e implementar su autonomía.

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) realiza un acompañamiento constante a este proceso de titulación de las tierras y al proceso autonómico de los habitantes del territorio ancestral.

Esta institución “lleva 20 años trabajando en esta región, la región mojeña y de la Amazonía sur, y acompañamos al fortalecimiento orgánico de los territorios de acá (…) en cuanto a este proceso iniciamos el 2009 – 2010 y venimos apoyando a la titulación de tierras con el asesoramiento técnico en sus reuniones y a facilitar la presencia con las autoridades estatales; debatimos, dialogamos obviamente con todos los argumentos legales y jurídicos”, dijo Efrén Barrientos, técnico de CIPCA Beni.

Este proceso de recuperación de tierras ancestrales por parte de chimanes y multiétnicos empezó en 1990 cuando gracias a la Primera Marcha Indígena, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 22611, donde el Estado se compromete a reposicionar estas tierras a favor de los habitantes originarios del TIM.

“La titulación debía hacerse el 2011 cuando caducaron las exconcesiones forestales pero no lo hicieron, entonces a partir de esa fecha según este decreto 22611 de 1990, esas concesiones debieron pasar a los territorios indígenas que son los chimanes y multiétnicos”, afirmó.

Sin embargo, un año antes, en 2010, el Gobierno habría nombrado estas tierras como “territorio fiscal disponible” lo que provocó el asentamiento ilegal de interculturales, y que madereros y ganaderos hicieran caso omiso para reponer esas tierras a sus dueños originales.

Fue por ello que en febrero de este año los dirigentes del TIM y los corregidores de la  comunidad determinaron que el proceso autonómico debe realizarse sobre territorio ancestral que incluye las cuatro exconcesiones forestales en el Bosque de Chimanes.

Los indígenas demandan la titulación de estas tierras para llevar adelante el proceso de implementación de autonomía indígena del TIM ya que las autoridades del Estado consideran que no se puede constituir una autonomía en un área que no está titulada.

“Nosotros trabajamos de manera coordinada (con otras instituciones) para lograr el mismo fin que es la titulación y por sobretodo la consecución de las demandas estratégicas de los territorios indígenas de la región, y la consolidación de su territorio ancestral (…) que no está titulado a favor de ellos, pero que efectivamente están habitados y ocupados desde muchísimo antes de la colonia por el pueblo chimán”, señaló.

En agosto, ante el lento avance del proceso, dirigentes determinaron convocar a sus bases a la décima marcha indígena, sin embargo, en un encuentro extraordinario de corregidores realizado en septiembre, el Ministerio de Gobierno firmó un compromiso para que se realice la titulación de las exconcesiones en un plazo de tres meses.

Fue así que se llevaron adelante cuatro mesas técnicas para definir acciones de verificación y constatar la presencia de asentamientos ilegales, y un calendario para que el INRA realice el desalojo de interculturales, madereros y ganaderos asentados ilegalmente.

El primer desalojo se realiza a un asentamiento de interculturales denominado “San Juan de Eva Eva”, ubicado en la exconcesión Cimagro. El segundo desalojo se hará a un predio ganadero asentado en la exconcesión Monte Grande y el tercero a los galpones de la empresa maderera San Ambrosio.

El acuerdo dice que hasta el 22 de diciembre las tierras del TIM deben estar tituladas a favor de los pueblos indígenas del lugar.

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